El alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, abandona la notaría en la firma de elevación a escritura pública de la cesión de terrenos de la residencia de la Tercera Edad por no incluir la DGA la cláusula aprobada mediante acuerdo plenario de 2003 por la que se es

El pleno del Ayuntamiento de Utebo  acordó por unanimidad, en sesión plenaria de 19 de marzo de 2003, la cesión al Instituto Aragonés de Servicios Sociales del terreno que posteriormente habría de ocupar la residencia de la Tercera Edad, y lo hizo incluyendo una condición que rezaba lo siguiente (sic): “se establece la condición de que las personas de Utebo tendrán preferencia a igualdad de puntuación en el correspondiente baremo de admisión”.

Casi doce años más tarde, y con la residencia ya en funcionamiento, el pasado lunes 9 de marzo el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, abandonó la notaría durante la firma de elevación a escritura pública de la cesión de terrenos de la residencia a la DGA y en la que también se hallaba la directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, porque, en palabras del primer edil utebero, “la DGA, que no había hecho ninguna gestión para elevar a escritura pública la cesión del Ayuntamiento, doce años después pretendía hacer desaparecer el condicionante de la cesión, algo que no se había avisado al Ayuntamiento de Utebo y algo que, por lo tanto, pretendía ocultárselo”. De este modo, Dalmau se levantó de la mesa de firma de dicha escritura, ya que, según afirma, “desde esta alcaldía siempre se ha velado por los intereses de los vecinos de Utebo, y esta firma perjudicaba dichos intereses.” “Siempre, desde el arranque del proceso, allá por 2003, se ha tenido una premisa muy clara: defender los derechos y los intereses de los uteberos, así como defender, también, la gestión pública de la residencia. La DGA ya condicionó la gestión de la residencia, que corre a cargo de una empresa privada, y ahora pretende saltarse un acuerdo plenario adoptado por unanimidad y que en su día fue aceptado por el Gobierno de Aragón,  que hasta la fecha nadie ha anulado, ni impugnado, y que por lo tanto es de obligado cumplimiento”.